Marcha por la familia y violaciones a los DDHH

Por Pablo Tomás Patrito CCR

 

Marchas por el matrimonio, los niños y la familia

El pasado 10 de septiembre fue un día completamente fuera de serie. Resultó ser de aquellas jornadas totalmente incapaces de pasar inadvertidas. Ante los ojos de simpatizantes, indiferentes, detractores y opositores de toda la nación mexicana, 1,272,400 (sí: un millón doscientos setenta y dos mil cuatrocientos

) personas marcharon, en 32 estados de la república, por el matrimonio, por los niños y por la familia.

Por supuesto, la reacción que generaron las marchas fue diversa. Hubo aceptación y hubo oposición; ¿indiferencia también? Esa no, ante un tema tan fundamental, la indiferencia es sólo una máscara de una postura contrera. Vale la pena sacar a colación dos posturas a las cuales las marchas causaron escozor, tanto más cuanto se acerca una segunda marcha, de carácter nacional, el 24 de septiembre. Primero, aparecieron los escépticos y aquellos, según su decir, estaban a favor de la bandera enarbolada por los manifestantes, pero no estaban convencidos de las “formas” o de la necesidad de marchar. Segundo, los opositores acérrimos, que no dudaron de tildar a tantos ciudadanos de “homofóbicos”, “promotores del odio” o “discriminadores”, entre las cosas más decentes que se pueden reproducir.

Ahora bien, una expresión presente tanto en boca de los primeros como de los segundos fue la de “Derechos Humanos”. Las marchas por el matrimonio, por los niños y por la familia, según ellos, se oponían a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI; y esta acusación se expandió donde quiera que se hablara o presenciara una de las marchas.

Eso nos lleva a plantearnos dos cosas. En primer lugar: ¿cuál fue el or
igen de las marchas?; en segundo, ¿realmente las familias que marchaban estaban cometiendo una violación a los Derechos Humanos?

Origen de las marchas

El 25 de mayo de 2016, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas de reforma a la Constitución y de reforma al Código Civil Federal. Dichas reformas giran en torno a modificar la concepción del matrimonio y de la familia. En cuanto a la iniciativa de reforma constitucional, se tocaría el art. 4 haciendo expreso que el Estado Mexicano abala el “matrimonio igualitario”, es decir, que el matrimonio no sería ya la unión de un hombre y una mujer, sino la unión de dos personas de cualquier preferencia sexual.

La iniciativa del Código Civil gira en torno a cuatro puntos:

  • Eliminar la premisa que señala que el fin del matrimonio es la “perpetuación de la especie” de 14 artículos.
  • Ampliar la fracción III del artículo 390 del Código Civil Federal, para que la adopción de niños no encuentre obstáculo en “la orientación sexual o la identidad y expresión de género” de quienes adoptan.
  • Agregar el artículo 136 Bis: “las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género”.
  • Modificar el artículo 267 del Código Civil Federal, sobre las causales de divorcio. Según la reforma, bastaría la voluntad de una de las partes para disolver el matrimonio.

Estas iniciativas, sumadas a la de implementar en las escuelas un adoctrinam
iento que impone la ideología de género en las escuelas, encontró una fuerte oposición en la sociedad. Tanta que, de hecho, se considera una de las causas más fuertes por las que el PRI perdió tantos diputados en las elecciones del 2016. Así, además de manifestarse en las urnas, muchos ciudadanos decidieron también hacerse escuchar por numerosas manifestaciones pacíficas (oficialmente, se contaron un total de 130 marchas).

Análisis desde los DDHH

Vale la pena analizar el paquete de reformas propuestas a la luz de los derechos humanos en México. El 10 de junio de 2011 el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto en el que se reformaron varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma supuso no solamente una apertura al Derecho Internacional por parte del Estado Mexicano, sino también un progreso exponencial y un gran avance en materia de Derechos Humanos, que consistió, sobre todo en el reconocimiento explícito de los mismos.

Las reformas y las adiciones se concentran el Título Primero, cap. I de la Constitución, abarcando numerosos artículos[1]; además de cambiar el término “individuo” por “persona”, el Estado Mexicano expresa que ya no otorga garantías a los individuos, sino que reconoce los derechos humanos de las personas, se abre al principio pro personae en materia legal, asume al mismo nivel de la constitución los Tratados Internacionales a los que se adhiere.

Ahora bien, al establecer en el Art. 1° que la Constitución reconoce derechos humanos (y no que otorga garantías, como antes), el Estado Mexicano reconoció de manera tácita que hay un doble orden de los derechos humanos: el natural y el positivo. El orden natural de los derechos humanos consiste en admitir que ellos son inherentes a la persona misma, y que por eso son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos (cf. art. 1°). Por eso, para que el gozo de ellos se haga efectivo debe haber una positivización de los mismos; es decir, el reconocimiento jurídico de estos derechos inherentes e irrenunciables. Así, para que los derechos humanos tengan un reconocimiento legal, o positivo: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” (art. 1°).

De modo sintético: para el Estado Mexicano, un derecho humano es el reconocimiento positivo de una realidad natural e inherente a la persona humana que exige ser salvaguardada. Y como el Estado Mexicano reconoce positivamente estos derechos tanto en su Constitución Política como en los tratados internacionales, vale la pena mencionar que México se adhiere al Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR) y a la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH) en donde se señala que:

  • “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.”, y que la familia está fundada en el matrimonio contraído entre un hombre y una mujer. (Cf. Art. 17, 1 y 2. Pacto San José de Costa Rica y Art. 16 de la DUDH)
  • “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” Art. 19 PSJCR
  • “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.” Art. 32, PSJCR; y: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.” Art. 29, 2 DUDH.
  • “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Art. 12, 4 PSJCR

Visto lo cual, en virtud de la justicia y en aras a la verdad hay que afirmar tajantemente cuatro cosas:

  • El paquete de iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto se opone expresamente a los art. 17 y 19 del Pacto de San José de Costa Rica y al art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además del art. 4 Constitucional, que es el que se quiere reformar.
  • La adopción de niños por parte de parejas homosexuales se opone claramente al art. 19 del Pacto de San José de Costa Rica; en virtud del art. 32 del mismo pacto y del art. 29 de la Declaración Universal; dado que se los privaría de una familia, en complicidad con el Estado, esgrimiendo un derecho inexistente debido a incapacidad de las condiciones requeridas para los contrayentes (cf. art. 17, 2 PSJCR)
  • Las iniciativas que competen a promover la ideología de género en escuelas van en contra del derecho humano de los padres a educar a sus hijos; como el Estado Mexicano defiende por medio de su adhesión al Pacto de San José de Costa Rica.
  • Y, por último, cabe denunciar una cosa gravísima: el paquete de iniciativas no sólo se contrapone a los DDHH sino que implica un serio retroceso del Estado Mexicano en los mismos, pues volvería al modelo de Estado Totalitario que otorga garantías caprichosas según los hitos de la conveniencia y pragmatismo político, en vez de reconocer los derechos ya existentes previos a su reconocimiento.

Marcha por el matrimonio, los niños y la familia, defensora de los Derechos Humanos

De este modo, ante la pregunta de si realmente las marchas supusieron una violación a los derechos humanos, la respuesta es un “¡no!”, tajante. El mismo “¡no!” que se le debe a cualquier iniciativa totalitaria de un Estado que mira a sus ciudadanos como corderos indefensos.

Pero además de un “¡no!”, es un “¡sí!”: un sí a los derechos del niño, un sí al matrimonio, un sí a la familia, un sí ejercer el derecho a la libertad de expresión y finalmente un sí, fuerte, sonoro y rotundo, al deber de defender las libertades y derechos que construyen la comunidad.

Las marchas del 10 de septiembre fueron sólo el preludio. El 24 de septiembre, a las 12:00 p.m. se hará la Gran Marcha Nacional por el niño, el matrimonio y la familia del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia. Tal vez allí, en esa marcha, Peña y los grupos totalitarios se den cuenta de que sus corderos se transformaron en leones.

[1] Arts. 1°, 3°, 11°, 15°, 18°, 29°, 33°, 89°, 97°, 102° y 105°, para ser más específicos.

3 Respuestas to “Marcha por la familia y violaciones a los DDHH

  • Excelente artículo de opinión

  • Muy interesante, apoyemos a difundirlo!!!

  • Yo solo digo gracias al frente nacional por la familia el marchar en mi estado fue un gran experiencia de vida gracias y si pudiera me iría a marchar al DF pero me uno en oración . Y me pongo a sus órdenes.

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